Copete: El Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó brevemente de su sitio web el registro público de los indultos otorgados por el presidente Donald Trump, generando una ola de críticas de legisladores y analistas que exigen rendición de cuentas sobre el costo real de estas medidas. La dependencia atribuyó el hecho a un "problema técnico".
Washington D.C., 24 de septiembre de 2026. El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos retiró temporalmente de su sitio web oficial la lista de indultos y conmutaciones otorgados por el presidente Donald Trump, según denunciaron legisladores y analistas políticos esta semana. La página, que contenía el registro público de las acciones de clemencia presidencial desde 2025, fue restaurada parcialmente horas después tras la presión mediática y social. La dependencia atribuyó la eliminación a un "problema técnico".
La estratega demócrata y comentarista de CNN, Xochitl Hinojosa, fue una de las primeras en advertir la desaparición de la lista. "Todos los indultos de Trump han sido borrados del sitio web del Departamento de Justicia", publicó en la red social X. La cuenta oficial de respuesta rápida del DOJ replicó que lo ocurrido se debió a una falla técnica y que la página había sido restablecida. Hinojosa, sin embargo, señaló que la restauración fue solo parcial: "Primero vaciaron los expedientes judiciales. Luego vaciaron la página que probaba que vaciaron los expedientes".
El incidente desató una ola de reacciones entre legisladores y analistas. La organización conservadora anti-Trump The Lincoln Project calificó lo sucedido como "corrupción a plena vista". La periodista independiente Marcy Wheeler sugirió que el gobierno busca ocultar uno o más indultos específicos: "Trump está tratando de esconder uno o más indultos. ¿Indultó a Ghislaine Maxwell? ¿Está tratando de ocultar que indultó a su amiga la traficante sexual?". La exfiscal federal Joyce Vance afirmó: "Dime que esta administración sabe que la historia la juzgará con dureza sin decirlo en voz alta".
El congresista Jim McGovern (D-MA) cuestionó directamente el motivo de la eliminación: "¿Será porque indultó a cientos de asesinos, pederastas y violadores que golpearon a policías el 6 de enero?". Su colega Jason Crow (D-CO) agregó: "Trump no puede borrar la historia. Indultó a 1.500 golpeadores de policías y criminales convictos que atacaron el Capitolio el 6 de enero. Vendió indultos a narcotraficantes convictos y criminales. El presidente será responsabilizado por su corrupción".
El costo de los indultos: más de $2.000 millones en restitución cancelada
La controversia por la lista retirada se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el impacto fiscal de las acciones de clemencia de Trump. Según un análisis difundido por el gobernador de California, Gavin Newsom, los indultos presidenciales han cancelado cerca de 2.000 millones de dólares en pagos que los criminales beneficiados debían al gobierno federal y en restitución a víctimas. De ese total, 1.300 millones de dólares corresponden a restitución que habría sido destinada a personas afectadas por los delitos.
La cifra contrasta drásticamente con las acciones de clemencia del expresidente Joe Biden, cuyos indultos durante sus cuatro años de mandato eliminaron apenas unos 680.000 dólares en sanciones financieras. Liz Oyer, exabogada principal de indultos de Estados Unidos, calculó que los indultos del segundo mandato de Trump han perdonado deudas criminales superiores a 1.500 millones de dólares, compuestas por dinero adeudado a víctimas de delitos y a tesorerías gubernamentales.
Entre los casos documentados figuran el de Trevor Milton, quien ya no debe pagar 660 millones de dólares a los inversionistas que defraudó, y Lawrence Duran, quien evitó devolver 87 millones de dólares al gobierno estafado. La empresa HDR Global Trading Ltd. también recibió el primer indulto corporativo en la historia del país, condonando una multa de 100 millones de dólares.
Iniciativas legislativas para exigir transparencia
Ante este panorama, un grupo de legisladores ha impulsado la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas sobre Indultos de 2026 (Pardon Transparency and Accountability Act), presentada en julio pasado por los representantes Dave Min (CA-47) y Suhas Subramanyam (VA-10), ambos miembros del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.
La legislación busca establecer mayores controles sobre el poder de clemencia presidencial. Entre sus disposiciones, exigiría al presidente publicar una explicación escrita para cada indulto otorgado, requeriría al DOJ publicar una declaración de impacto sobre los efectos de cada decisión en investigaciones y procesos en curso, notificaría a las víctimas de los delitos cometidos por los beneficiados y reforzaría los requisitos de divulgación de actividades de cabildeo relacionadas con clemencia ejecutiva.
El representante Min sostuvo que "el presidente Trump ha convertido uno de los poderes más solemnes de la presidencia en una herramienta para recompensar a aliados políticos, donantes adinerados, defraudadores y personas con acceso a la Casa Blanca". "El poder de indulto debe servir a la justicia, no a la riqueza, la lealtad o los favores políticos, y el pueblo estadounidense tiene derecho a saber quién influye en estas decisiones", agregó.
El senador Richard Blumenthal (D-CT), autor del proyecto complementario en el Senado, afirmó que el poder de clemencia "ha operado en las sombras como una especie de caja negra desde la fundación de nuestra república". "Los indultos del presidente Trump les han costado a los contribuyentes y a las víctimas de delitos miles de millones en restitución perdida y han devuelto a depredadores infantiles a nuestras comunidades", declaró.
Paralelamente, el senador Jack Reed (D-RI) ha cuestionado en audiencias al fiscal general interino, Todd Blanche, sobre la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares que, según Reed, podría beneficiar a los indultados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, algunos de los cuales fueron condenados por agredir a policías. "Todo esto parece ser un abuso obvio de poder por parte del Departamento de Justicia y del presidente", afirmó Reed.
Con información de Raw Story, Cato Institute, Washington Times, Oficina del Senador Jack Reed y Oficina del Representante Dave Min.