Tegucigalpa. Especialistas en regulación y mercado energético de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá coincidieron en la urgencia de concretar una reforma integral a la Ley General del Subsector Eléctrico en Honduras, señalando que la actualización del marco normativo es indispensable para frenar el continuo deterioro financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y evitar el drenaje de fondos públicos.
Los expertos, que tuvieron acceso y analizaron los componentes clave del proyecto de reforma impulsado en el ámbito legislativo nacional, descartaron enfáticamente que las modificaciones orientadas a la eficiencia operativa impliquen la venta o privatización de la estatal eléctrica.
Diagnóstico regional y desmitificación de la privatización
Tras examinar la propuesta técnica, los consultores internacionales destacaron los aspectos centrales que fundamentan la necesidad del cambio normativo:
Sostenibilidad fiscal y contención de pérdidas: Los analistas remarcaron que el déficit operativo de la ENEE impacta de forma directa sobre las finanzas del Estado, por lo que resulta prioritario implementar un esquema que reduzca las pérdidas técnicas y no técnicas sin depender de rescates financieros continuos.
Aclaración sobre la propiedad de la estatal: El equipo de expertos subrayó que el texto del proyecto de reforma no contiene indicios ni cláusulas dirigidas a la privatización de la ENEE, sino mecanismos de gobernanza moderna, transparencia y apertura de mercado que buscan fortalecer la gestión pública y atraer inversiones complementarias.
Lecciones de la región: Los representantes de los países vecinos enfatizaron que la adopción de reglas claras, la independencia regulatoria y la certidumbre jurídica han sido los factores clave que permitieron a Guatemala, Panamá, El Salvador y Costa Rica garantizar la estabilidad del suministro y tarifas competitivas para sus sectores productivos y residenciales.
Un insumo clave para el debate legislativo
Las valoraciones del panel técnico regional refuerzan la discusión en el Congreso Nacional, donde diversos sectores políticos y sociales buscan consolidar una propuesta normativamente sólida que transforme la matriz y la gestión del subsector eléctrico en beneficio del desarrollo económico del país.