El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, liderado por el presidente Nasry Asfura, ordenó la cancelación inmediata del escuadrón. La decisión llega tras la muerte de cinco agentes el pasado 21 de mayo en una misión irregular y tras años de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
POR: REDACCIÓN NACIONAL
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras — Lunes 1 de junio de 2026
El andamiaje de la seguridad pública en Honduras ha sufrido una de sus sacudidas más dramáticas e institucionales. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ordenó la cancelación y el desmantelamiento inmediato de la cuestionada unidad policial que lideraba la lucha contra las maras y pandillas en el país, luego de constatar graves fallos e irregularidades en una misión antidrogas que cobró la vida de cinco de sus propios agentes.
La resolución ejecutiva fue tomada en una reunión de emergencia en la capital de la República. El detonante directo del colapso de este escuadrón especializado fue un operativo ejecutado el pasado 21 de mayo, el cual terminó en el asesinato de los cinco uniformados bajo circunstancias opacas que la Inspectoría General del Estado calificó como "plagadas de fallas tácticas, negligencia y falta de coordinación de mandos". El desmantelamiento de este brazo armado marca un punto de quiebre definitivo en la política criminal del actual gobierno.
El expediente del escuadrón: Abusos y aislamiento internacional
La disolución de la unidad policial no responde únicamente al fracaso táctico del 21 de mayo, sino al peso de un historial de opacidad operativa que ya le había costado su principal respaldo geopolítico:
Pérdida del Respaldo de Washington: El grupo táctico, que en sus inicios fue creado, financiado y entrenado bajo los rigurosos manuales de agencias federales de los Estados Unidos, vio suspendida toda la cooperación norteamericana. El retiro de la asistencia de la Casa Blanca se ejecutó de forma progresiva durante la anterior administración de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), tras confirmarse el desvío de los protocolos de actuación.
Señalamientos de Derechos Humanos: Organizaciones nacionales e internacionales de veeduría civil mantenían un grueso expediente de denuncias en contra de los agentes de este escuadrón, acusándolos de detenciones ilegales, torturas, allanamientos sin orden judicial y uso desproporcionado de la fuerza en los barrios y colonias con mayores índices de vulnerabilidad social.
La Purga Operativa: Tras los hallazgos del CNDS, la Presidencia de la República determinó que la estructura interna de la célula policial presentaba vicios insalvables, lo que aceleró la decisión de desactivar la unidad por completo en lugar de intentar una reforma interna.
Métricas del desplome institucional y transición en seguridad
Este cierre definitivo explica la drástica reconfiguración del mapa policial que se ejecuta en el país, donde las autoridades buscan transicionar hacia la nueva División Anti Extorsión y la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC).
| Evento Crítico / Variable | Antecedente e Historial de la Unidad | Dictamen de Cancelación (Mayo-Junio 2026) | Destino Inmediato del Aparato |
| Operativo del 21 de Mayo | Misión antidrogas sin los canales mínimos de comunicación y respaldo técnico. | Muerte de 5 agentes activos en un escenario catalogado con graves fallos. | Investigación criminal abierta por el Ministerio Público a la cadena de mando. |
| Cooperación de EE. UU. | Financiamiento e instrucción especializada en tácticas de asalto urbano. | Retiro total del apoyo norteamericano iniciado en la gestión anterior (2022-2026). | Aislamiento logístico y técnico que debilitó la sostenibilidad del grupo. |
| Situación del Personal | Cuerpo élite con autonomía operativa en las principales ciudades del país. | Cancelación absoluta de la célula dictada por el presidente Nasry Asfura. | El 90% del personal queda descartado y bajo rigurosa investigación administrativa. |
El fin de una doctrina y la urgencia de la inteligencia civil
El análisis de la reforma policial: El desmantelamiento exprés de esta unidad de choque deja una lección contundente sobre los límites de las políticas de seguridad basadas en la fuerza sin control democrático ni transparencia. "Mantener un escuadrón de élite que arrastraba el veto de los Estados Unidos por abusos a los derechos humanos y que operaba al margen de la legalidad institucional era una bomba de tiempo para el Estado hondureño. La tragedia del 21 de mayo, donde fallecieron cinco policías en un operativo irregular, fue la confirmación de que la unidad se había descontrolado internamente. La decisión del CNDS de desmantelarla por completo es un paso doloroso pero indispensable si se quiere construir un sistema de seguridad respetado por la ciudadanía y por la comunidad internacional. El desafío del actual gobierno será garantizar que los nuevos brazos tácticos operen bajo estrictas cadenas de custodia legal y con un enfoque civil moderno", señalaron analistas en materia de seguridad y defensa en Tegucigalpa.
Con las insignias de la extinta unidad retiradas de forma oficial, el Ministerio Público y la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales han tomado el control de los archivos, armas y bitácoras del escuadrón desmantelado. La drástica depuración —que se enlaza directamente con el nacimiento de las nuevas dependencias especializadas contra el crimen y la extorsión con apenas un 10% de absorción de personal— abre una nueva etapa en el Ministerio de Seguridad, en una coyuntura nacional donde la efectividad contra el crimen organizado ya no se medirá por la opacidad de los operativos secretos, sino por la transparencia judicial y la solidez institucional de sus actuaciones.
¿Considerás que el desmantelamiento total de esta célula policial tras el trágico operativo del 21 de mayo es una muestra de firmeza necesaria para sanear las fuerzas de seguridad del país, o creés que la disolución de un cuerpo de élite en este momento podría generar un vacío operativo aprovechado por las maras y pandillas? Compartí tu análisis de seguridad nacional.