TEGUCIGALPA. — En una sesión extraordinaria virtual, el Consejo de Ministros declaró oficialmente un estado de emergencia sanitaria por gripe aviar de alta patogenicidad (H5) por un período de 180 días. La medida se tomó de forma urgente tras confirmarse la presencia del virus en aves silvestres y la detección de un brote en una granja de aves reproductoras ubicada en el departamento de Santa Bárbara.
La reunión fue encabezada por el presidente Nasry Asfura, donde además de la alerta zoosanitaria, se aprobaron dos Decretos Ejecutivos (PCM) estratégicos. Estos lineamientos legales están destinados a blindar la seguridad sanitaria del país y a blindar la continuidad de proyectos prioritarios de inversión pública, infraestructura, agua potable y salud a nivel nacional.
Blindaje fitosanitario y contención en Santa Bárbara
La declaratoria de emergencia faculta al Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a ejecutar de inmediato protocolos de bioseguridad militarizados y cercos epidemiológicos para contener el avance de la cepa H5:
Cuarentena y control de movilización: Se han restringido estrictamente los accesos a la zona del brote en Santa Bárbara, prohibiendo el traslado de aves vivas, estiércol de aves y productos avícolas sin la debida certificación oficial, con el fin de proteger la industria nacional y el suministro de alimentos.
Vigilancia activa y sacrificio selectivo: Los equipos de biólogos y veterinarios públicos han iniciado un rastreo epidemiológico en un radio de varios kilómetros alrededor de la granja afectada. Siguiendo normativas internacionales, se procederá al sacrificio controlado de las aves expuestas para erradicar el foco de infección.
Llamado a la prevención: Las autoridades instaron a los productores avícolas, tanto industriales como de traspatio, a reforzar de inmediato las medidas de bioseguridad en sus granjas y a notificar al instante cualquier sospecha de alta mortalidad en sus animales.
Garantía para la inversión pública e infraestructura
Paralelamente a la crisis sanitaria, los nuevos decretos ejecutivos (PCM) aprobados por el gabinete del presidente Asfura buscan agilizar y proteger los fondos destinados a las obras estatales de gran envergadura.
Con esta disposición, el Gobierno asegura que las licitaciones, desembolsos y ejecuciones de proyectos de infraestructura vial, redes de distribución de agua potable y el fortalecimiento de la red hospitalaria pública no sufrirán retrasos burocráticos debido a la emergencia, manteniendo activa la dinámica económica y social del país mientras se combate la amenaza de la gripe aviar.