Tegucigalpa y San Pedro Sula. En una de las decisiones más contundentes en lo que va del año en materia de seguridad, el Ministro de Seguridad, Gerson Vásquez, ordenó una intervención profunda e inmediata en la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), suspendiendo de forma fulminante a toda su cúpula directiva tras confirmarse graves indicios de infiltración del crimen organizado en la estructura policial.
La crisis institucional estalló luego de que saliera a la luz un escandaloso operativo criminal ejecutado por los propios agentes encargados de combatir las estructuras delictivas del país.
"La depuración policial no es negociable; es un imperativo categórico para garantizar la seguridad ciudadana y devolverle la confianza al pueblo hondureño en sus instituciones."
— Secretaría de Seguridad
El detonante: El "desvío" criminal hacia Corinto, Cortés
De acuerdo con las investigaciones preliminares y la documentación oficial del caso, un grupo de agentes de la DIPAMPCO reportó la salida hacia el departamento de Colón para cumplir con una supuesta "misión especial". Sin embargo, la ruta real fue completamente distinta.
El contingente se desvió sin ninguna justificación legal ni operativa hacia la zona fronteriza de Corinto, en el departamento de Cortés. Una vez en el lugar, los efectivos ejecutaron un allanamiento ilegal, viciado y fuera de todo protocolo judicial o policial, actuando al margen de la ley.
El botín: Millonaria sustracción de "caletas"
Los informes de inteligencia señalan que el objetivo central de este operativo clandestino no era la captura de delincuentes, sino la localización y sustracción de "caletas" (escondites de dinero) pertenecientes a grupos delictivos que operan en la zona norte.
Se estima que la suma sustraída de manera ilícita por los agentes uniformados oscila entre los 3 y 4 millones de quetzales, dinero que presuntamente ingresó al país de forma irregular por las fronteras con Guatemala y que ahora se encuentra desaparecido en manos de la supuesta red corrupta.
Ultimátum de siete días para el informe final
La Comisión Interventora nombrada por el Ministro Vásquez ya ha tomado el control físico y administrativo de las instalaciones de la DIPAMPCO a nivel nacional. La orden es clara: tolerancia cero.
Plazo fatal: La comisión tiene un plazo estricto de siete días para entregar un informe detallado al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público.
Alcance: El documento deberá determinar el grado de responsabilidad penal y administrativa del personal involucrado, así como identificar los tentáculos de esta red de corrupción para proceder con las capturas inmediatas.
Este nuevo escándalo vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de una depuración policial permanente, demostrando que los mecanismos de control interno deben ser más severos para evitar que las placas y las armas del Estado terminen al servicio de las mafias que juraron combatir.