TEGUCIGALPA. La mesa de negociación para el ajuste al salario mínimo en Honduras ha entrado en una fase de parálisis crítica. Tras una jornada de intensos debates que no lograron acercar las posturas de los sectores productivos, la comisión tripartita anunció hoy la reprogramación de las conversaciones para el próximo miércoles, dejando en vilo a miles de trabajadores que esperan un alivio a su economía familiar.
Una propuesta "insuficiente"
El detonante del estancamiento fue la oferta formal presentada por el sector empresarial, que propone un ajuste del 2.5%. Para los representantes de la empresa privada, esta cifra responde a la necesidad de mantener la competitividad y evitar una pérdida masiva de empleos en un contexto de recuperación económica.
Sin embargo, la respuesta de las centrales obreras no se hizo esperar. Los dirigentes sindicales rechazaron tajantemente el porcentaje, calificándolo de "irrisorio" y "fuera de la realidad nacional".
"Presentar un 2.5% frente a una inflación acumulada que ha devorado el poder adquisitivo del pueblo no es una oferta, es una falta de respeto. Esa cifra ni siquiera permite iniciar una negociación real", manifestó un portavoz de las organizaciones de trabajadores al salir de la reunión.
La brecha de la inflación
El punto de discordia central radica en el cálculo del costo de la vida. Mientras los empresarios abogan por la prudencia fiscal, los obreros exigen que el aumento refleje el incremento real en los precios de la canasta básica y los servicios públicos registrados en el último año.
Escenarios para el miércoles
La Secretaría de Trabajo, que actúa como mediadora en el proceso, ha instado a ambas partes a flexibilizar sus posturas para evitar que la decisión deba ser tomada de forma unilateral por el Poder Ejecutivo, una medida que el Gobierno de Nasry Asfura preferiría evitar en sus primeros meses de gestión.
De no lograrse un consenso a mitad de semana, la presión social podría trasladarse a las calles, ya que diversas organizaciones populares han comenzado a convocar a asambleas informativas para presionar por un salario "digno y justo".
