La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) anunciará su sentencia en el caso "Zelaya y otra Vs. Honduras" el lunes 19 de enero de 2026 a las 9:30 a.m., hora de Costa Rica y Honduras, con transmisión en vivo por sus redes sociales. Este fallo aborda la responsabilidad del Estado hondureño por la muerte violenta de Leonela Zelaya, mujer trans, trabajadora sexual, VIH-positiva y en pobreza, ocurrida el 6 de septiembre de 2004 en Tegucigalpa. La audiencia pública se realizó el 25 de marzo de 2025 durante el 173° Período de Sesiones, donde Honduras se allanó parcialmente reconociendo violaciones.
Antecedentes del caso Leonela Zelaya
Leonela Zelaya sufrió al menos cinco detenciones arbitrarias, torturas y violencia policial antes de su transfemicidio en un contexto de fundamentalismo religioso y prejuicio contra personas LGBTI. Su cuerpo fue hallado sin diligencias adecuadas: registrado como "desconocido", sin fotos por falta de rollo y con investigación mínima tras 17 años. La Comisión Interamericana (CIDH) concluyó violaciones a derechos a la vida, integridad personal, vida privada, honra, dignidad, libertad de expresión, igualdad, no discriminación, garantías judiciales y protección judicial. También se afectó la integridad de su familiar Talía Rodríguez por falta de justicia.
Trámite judicial en la Corte IDH
Tras demanda de la CIDH el 20 de febrero de 2023, la Corte admitió el caso por deficiencias investigativas, incluyendo no considerar crimen de odio ni posible rol estatal. En la audiencia de 2025, Honduras reconoció irregularidades pero incurrió en contradicciones; el juez peruano Alberto Borea usó pronombres masculinos para Zelaya, corregido por la jueza chilena Patricia Pérez. La sentencia definirá reparaciones y medidas de no repetición, potencialmente ordenando protocolos contra transfeminicidios y discriminación.
Importancia para Honduras y la región
Este caso histórico, impulsado por colectivos LGBTI como Reportar Sin Miedo, reivindica identidad de género y acceso a justicia para poblaciones vulnerables en Honduras, con más de 300 transfeminicidios desde 2004. Activistas como Indyra Mendoza destacan su rol en combatir conservadurismo. La notificación, días antes de la instalación del Congreso 2026-2030, podría influir en políticas de género bajo el gobierno de Nasry Asfura.
