La reciente aprobación por el Parlamento italiano de una nueva ley para mejorar las condiciones penitenciarias ha provocado gran debate político en el país.
El llamado "decreto penitenciario", que pretende abordar los problemas que vive desde hace tiempo el sistema penitenciario italiano, en particular el hacinamiento, promete un aumento del personal penitenciario y un proceso simplificado para la puesta en libertad anticipada, entre otras medidas.
Aunque algunos han aplaudido el decreto, otros sostienen que no será suficiente para resolver los verdaderos problemas que aquejan al sistema.
Los defensores del decreto se concentran especialmente en el partido de centro-derecha Forza Italia, que forma parte del Gobierno de coalición de Meloni. Lo consideran un paso adelante en la lucha contra el hacinamiento y el alarmante número de reclusos que se quitan la vida.
Sus partidarios argumentan que durante demasiado tiempo se ha ignorado la cuestión de la reforma penitenciaria, y que los gobiernos anteriores no han logrado avances sustanciales.
"El hacinamiento y los suicidios cometidos en prisión son problemas graves que se abordan por primera vez en 15 años tras la falta de avances de los partidos de izquierda en este ámbito", afirma el diputado de Forza Italia, Pietro Pittalis. "La protección de los derechos y la seguridad son las principales prioridades".
No obstante, a pesar del optimismo del Gobierno, el decreto ha suscitado duras críticas de organizaciones de derechos humanos y defensores de la reforma penitenciaria.
Las medidas sólo tocan la superficie
La ONG Antigone, que vigila de forma independiente los centros de detención, es una de las más críticas. Con una tasa de hacinamiento en las cárceles italianas del 130% y 65 suicidios registrados sólo este año, Antigone sostiene que las nuevas medidas son insuficientes para lograr un cambio significativo y equivalen a poco más que una señal política.
